El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego criticó el
esquema de registro obligatorio de líneas telefónicas implementado en México,
luego de que el titular de la Agencia de Transformación Digital y
Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, informara que millones de números
ya se encuentran vinculados con datos de sus titulares.
A través de sus redes sociales, Salinas Pliego cuestionó la
medida y acusó al gobierno de pretender obligar a los mexicanos a entregar
información personal para mantener el control sobre sus líneas telefónicas.
La declaración del empresario ocurre después de que Peña
Merino informara que 68 millones de líneas telefónicas ya están vinculadas con
el nombre y la CURP de sus titulares.
De acuerdo con el funcionario, el proceso no es realizado
directamente por el gobierno, sino por las propias empresas de telefonía.
Explicó que las líneas de pospago ya quedaron vinculadas desde el momento de su
contratación, mientras que los usuarios de prepago deberán realizar el registro
conforme al calendario establecido de acuerdo con la terminación de su número
telefónico.
Peña Merino señaló que, una vez vencido el plazo
correspondiente, los usuarios contarán con 72 horas adicionales para completar
el procedimiento. En caso de no hacerlo dentro de ese periodo, el registro
deberá efectuarse al momento de realizar la siguiente recarga.
El debate por los
datos personales
El anuncio ha generado cuestionamientos en redes sociales,
principalmente por el alcance de la medida y por la cantidad de información
personal que quedará asociada a las líneas telefónicas.
La controversia se concentra en el equilibrio entre la
identificación de usuarios de telefonía y la protección de los datos
personales. Mientras las autoridades sostienen que el mecanismo busca
fortalecer la seguridad y combatir delitos cometidos mediante teléfonos
celulares, sus críticos advierten sobre los riesgos que puede representar la
concentración de información personal.
En ese contexto, Salinas Pliego convirtió el tema en un
nuevo motivo de confrontación política y cuestionó abiertamente la
obligatoriedad del registro.
La cifra de 68 millones de líneas vinculadas a nombre y CURP
pone de manifiesto la magnitud del proceso y anticipa que el debate sobre
privacidad, seguridad y control de las comunicaciones continuará creciendo en
México.