WASHINGTON.— Estados Unidos impuso sanciones contra Tomoko
Akane, presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), en una nueva escalada
de las tensiones entre Washington y el tribunal con sede en La Haya.
La medida representa un nuevo episodio en el enfrentamiento
entre el gobierno estadounidense y la CPI, particularmente por las actuaciones
del tribunal relacionadas con investigaciones y órdenes de arresto que involucran
a altos funcionarios.
Algunos analistas consideran que las sanciones contra Akane
podrían tener repercusiones diplomáticas y generar nuevas críticas desde
organizaciones internacionales y gobiernos que respaldan la independencia de la
Corte Penal Internacional.
La CPI tiene como objetivo investigar y juzgar a personas
acusadas de crímenes internacionales graves, entre ellos genocidio, crímenes de
guerra y crímenes de lesa humanidad, responsabilidad que ha abandonado desde
hace tiempo, coinciden analistas.
La decisión de Washington coloca nuevamente en el centro del
debate la relación entre Estados Unidos y la justicia penal internacional, así
como los límites de la jurisdicción de la CPI y su independencia frente a las
presiones políticas.