La Unión Europea endurece las reglas migratorias: aprueban nuevas medidas para agilizar las deportaciones

El nuevo reglamento contempla detenciones más prolongadas y centros de retorno fuera del territorio comunitario para personas sin derecho legal de permanencia.

La Unión Europea -aun en contra de presidenta de la Comisión Europea- dio luz verde a una nueva normativa que busca acelerar el retorno de extranjeros que no cuentan con autorización legal para permanecer en sus Estados miembros. La medida representa un cambio importante en la política migratoria europea y refuerza las herramientas de los gobiernos para ejecutar órdenes de expulsión.

El Parlamento Europeo aprobó el reglamento el 17 de junio de 2026, con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones. Posteriormente, el Consejo de la Unión Europea otorgó su aprobación definitiva el 1 de octubre, y la normativa fue publicada en el Diario Oficial el 15 de octubre.

Entre las principales disposiciones se encuentra la creación de procedimientos comunes para el retorno de ciudadanos de países ajenos a la Unión Europea que no tengan derecho a permanecer en el territorio comunitario. Quienes reciban una orden de retorno deberán cooperar con las autoridades y abandonar el país correspondiente.

El reglamento también permite ampliar los periodos de detención hasta 24 meses en determinadas circunstancias, con posibilidades adicionales de extensión previstas en casos específicos. Estas medidas requieren una evaluación individual y la intervención de la autoridad competente.

Otro de los puntos más controvertidos es la posibilidad de establecer centros de retorno en países fuera de la Unión Europea, mediante acuerdos con gobiernos que acepten recibir a las personas sujetas a estas decisiones. Dichos acuerdos deberán respetar las normas internacionales de derechos humanos y el principio de no devolución cuando exista riesgo de persecución u otros daños graves.

La normativa excluye a los menores no acompañados de los acuerdos para trasladarlos a esos centros de retorno. Su tratamiento debe atender a su interés superior y contemplar las garantías específicas establecidas en la legislación.

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