El nuevo reglamento contempla detenciones más prolongadas y centros de retorno fuera del territorio comunitario para personas sin derecho legal de permanencia.
La Unión Europea -aun en contra de presidenta de la Comisión
Europea- dio luz verde a una nueva normativa que busca acelerar el retorno de
extranjeros que no cuentan con autorización legal para permanecer en sus
Estados miembros. La medida representa un cambio importante en la política
migratoria europea y refuerza las herramientas de los gobiernos para ejecutar
órdenes de expulsión.
El Parlamento Europeo aprobó el reglamento el 17 de junio de
2026, con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones. Posteriormente, el
Consejo de la Unión Europea otorgó su aprobación definitiva el 1 de octubre, y
la normativa fue publicada en el Diario Oficial el 15 de octubre.
Entre las principales disposiciones se encuentra la creación
de procedimientos comunes para el retorno de ciudadanos de países ajenos a la
Unión Europea que no tengan derecho a permanecer en el territorio comunitario.
Quienes reciban una orden de retorno deberán cooperar con las autoridades y
abandonar el país correspondiente.
El reglamento también permite ampliar los periodos de
detención hasta 24 meses en determinadas circunstancias, con posibilidades
adicionales de extensión previstas en casos específicos. Estas medidas
requieren una evaluación individual y la intervención de la autoridad
competente.
Otro de los puntos más controvertidos es la posibilidad de
establecer centros de retorno en países fuera de la Unión Europea, mediante
acuerdos con gobiernos que acepten recibir a las personas sujetas a estas
decisiones. Dichos acuerdos deberán respetar las normas internacionales de
derechos humanos y el principio de no devolución cuando exista riesgo de
persecución u otros daños graves.
La normativa excluye a los menores no acompañados de los
acuerdos para trasladarlos a esos centros de retorno. Su tratamiento debe
atender a su interés superior y contemplar las garantías específicas
establecidas en la legislación.
