El poder judicial de Irán suspendió las actividades de un
organismo impulsado por la presidencia del país que había autorizado medidas
para recuperar gradualmente el acceso a internet, luego de varios meses en los
que la población enfrentó fuertes restricciones digitales y un bloqueo casi
total de la conectividad.
La decisión evidencia las diferencias internas entre
distintos sectores del gobierno iraní sobre el control del espacio digital y el
manejo de la información en un contexto marcado por tensiones políticas y de
seguridad.
El organismo había sido creado con el objetivo de coordinar
acciones para reorganizar el sistema de comunicaciones y permitir nuevamente el
acceso a plataformas y servicios internacionales. Sin embargo, poco después de
anunciar avances para restablecer la conectividad, las autoridades judiciales
ordenaron detener sus funciones.
En los últimos meses, Irán ha mantenido severas limitaciones
al uso de internet como parte de las medidas implementadas por el gobierno para
controlar el flujo de información y contener la difusión de contenidos relacionados
con protestas y conflictos internos. Estas restricciones afectaron redes
sociales, plataformas de mensajería y diversos servicios digitales utilizados
por millones de ciudadanos.
El prolongado bloqueo también generó impactos económicos
importantes, especialmente para comercios, emprendedores y trabajadores que
dependen de herramientas digitales para operar o mantener comunicación con
clientes y proveedores fuera del país.
Aunque en algunas regiones comenzaron a registrarse señales
de reapertura parcial del servicio, el acceso continúa siendo limitado y bajo
estricta supervisión estatal. La suspensión del organismo presidencial deja en
incertidumbre el futuro de las medidas que buscaban normalizar la conectividad
en Irán.
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