ANA MARIA GUERRERO
Ciudad de México.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) abrió la puerta para revisar uno de los puntos más relevantes del proceso
judicial que enfrenta el exgobernador de Chihuahua, César Duarte: hasta dónde
puede llegar México al procesar a una persona que fue extraditada desde Estados
Unidos por determinados delitos.
El Máximo Tribunal atrajo dos amparos promovidos por Duarte,
identificados como los expedientes 1241/2024 y 1783/2024, en los que se
encuentra en disputa el alcance de la denominada regla de especialidad en
materia de extradición.
El principio establece límites para que una persona
entregada por otro país pueda ser juzgada por delitos diferentes de aquellos
que fueron considerados al momento de autorizar su extradición. En el caso de
Duarte, la controversia surgió después de que las autoridades mexicanas
buscaron avanzar contra él por una causa distinta de aquella que motivó su
entrega.
La defensa del exmandatario sostiene que antes de solicitar
a Estados Unidos autorización para ampliar los cargos, Duarte debió tener la
posibilidad de conocer el procedimiento, ser escuchado y ejercer su derecho de
defensa.
Una juez federal previamente dio la razón a esos argumentos
y dejó sin efectos actuaciones relacionadas con una de las causas adicionales.
Las autoridades impugnaron posteriormente esa determinación, por lo que el
conflicto llegó hasta la Suprema Corte.
Duarte fue extraditado a México en junio de 2022 para
enfrentar acusaciones por peculado agravado y asociación delictuosa,
relacionadas con un presunto desvío de más de 96 millones de pesos.
Posteriormente, la Fiscalía General de la República impulsó una acusación por
presunto lavado de dinero, lo que llevó a una nueva disputa sobre los límites
de la extradición.
