WASHINGTON.— La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley destinado a convertir en permanente, dentro del Departamento de Justicia (DOJ), la División Nacional de Cumplimiento contra el Fraude (National Fraud Enforcement Division) creada durante la administración del presidente Donald Trump.
De acuerdo con el resultado reportado, la iniciativa fue
aprobada por 352 votos a favor y 72 en contra y ahora será enviada al Senado
para continuar su proceso legislativo.
La medida, conocida como H.R. 9576, National Fraud
Enforcement Division Act of 2026, establece formalmente una división dentro del
Departamento de Justicia dedicada a investigar, perseguir y combatir fraudes
que afecten al gobierno federal, programas financiados con recursos públicos y
ciudadanos estadounidenses.
La división fue anunciada por Trump en enero de 2026 y
comenzó a operar posteriormente bajo el DOJ. Su misión incluye coordinar
investigaciones de fraude entre distintas agencias, supervisar casos de alcance
nacional y desarrollar prioridades para combatir esquemas que involucren
recursos de los contribuyentes.
El proyecto contempla que la división sea encabezada por un
fiscal general adjunto (Assistant Attorney General) designado por el presidente
y sujeto a confirmación del Senado. Entre sus responsabilidades estaría dirigir
investigaciones y procesos judiciales, coordinarse con fiscalías federales y
trabajar con otras agencias para detectar y desmantelar operaciones de fraude.
La iniciativa llega en un momento en que el gobierno federal
ha incrementado sus esfuerzos para combatir el fraude relacionado con programas
públicos. El Departamento de Justicia sostiene que su nueva división busca
identificar patrones de fraude mediante el análisis de datos y la coordinación
entre agencias federales y autoridades estatales y locales.
El proyecto ahora pasa al Senado, donde deberá avanzar en el
proceso legislativo antes de poder convertirse en ley.
La votación representa un paso para establecer por ley una
estructura que actualmente forma parte de la estrategia del Departamento de
Justicia contra el fraude federal.