CIUDAD DE MÉXICO.— La digitalización de los pagos en México abrió un nuevo debate sobre la privacidad financiera, el uso del dinero en efectivo y las facultades del gobierno sobre las operaciones económicas de los ciudadanos.
El 6 de octubre de 2026, la Cámara de Diputados aprobó el
proyecto de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, con
330 votos del oficialismo a favor y 122 de la oposición en contra. La propuesta
busca ampliar el uso de transferencias, tarjetas bancarias, códigos QR y otras
herramientas electrónicas, además de reducir gradualmente el uso del efectivo.
El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular y enviado al Senado
para continuar su trámite legislativo.
Uno de los puntos que más inquietud ha generado es la
posibilidad de que la Secretaría de Hacienda determine sectores en los que los
pagos electrónicos sean la única modalidad aceptada. Esta disposición plantea
interrogantes sobre los criterios que se utilizarían para aplicar las
restricciones y las alternativas disponibles para quienes dependen del
efectivo.
La preocupación no es menor en un país donde numerosos
pequeños comercios y trabajadores informales realizan buena parte de sus
operaciones en efectivo. Una transición acelerada podría representar
dificultades para personas sin cuentas bancarias, teléfonos inteligentes o
acceso estable a internet.
Otro aspecto que merece atención es el uso de herramientas
de identificación digital. El proyecto contempla la CURP Digital como mecanismo
de identificación para la contratación digital de servicios financieros, aunque
la información publicada sobre el dictamen señala que las personas usuarias
pueden elegir ese mecanismo u otro medio de identificación oficial.
La discusión también alcanza la protección de los datos
personales. Los pagos digitales pueden generar registros sobre transacciones,
por lo que resulta fundamental conocer qué información podrán consultar las
autoridades, bajo qué condiciones, durante cuánto tiempo se conservará y qué
garantías existirán contra el acceso indebido o el uso no autorizado.
Sin embargo, es importante distinguir entre los riesgos
potenciales y las facultades que efectivamente establece la legislación. La
aprobación del proyecto no demuestra, por sí sola, que Hacienda vaya a tener
acceso irrestricto a cada compra de los ciudadanos ni que todas las operaciones
en efectivo vayan a desaparecer, pero tampoco se descartan estas opciones.
Durante el debate legislativo, representantes de la
oposición advirtieron sobre los riesgos de excluir a sectores sin conectividad
o servicios bancarios, así como sobre la necesidad de aclarar los alcances de
las nuevas atribuciones. Los defensores de la propuesta, por su parte,
sostienen que la digitalización puede facilitar los pagos, ampliar la inclusión
financiera y modernizar las operaciones económicas, tal como lo impuso la Unión
Europea, hoy en peligro de extinción por imposiciones de control, según los
propios ciudadanos.
El desafío será garantizar que la modernización no se
traduzca en nuevas barreras para los sectores más vulnerables ni debilite el
derecho a la privacidad. Para ello, será necesario que las reglas de
aplicación, los mecanismos de supervisión y las garantías de protección de
datos sean claros y verificables. Ya que no se puede descartar que estas
políticas como varias más que le antecedieron en el régimen actual, han
impulsado un creciente rechazo ciudadano hacia el oficialismo.
La pregunta central no es únicamente si México debe avanzar
hacia una economía más digital, sino cómo hacerlo sin excluir a millones de
personas ni comprometer la privacidad de sus operaciones financieras,
respetando los derechos a la privacidad que en gobiernos anteriores avanzó de
manera lineal.