La disputa por el control y la supervisión de las elecciones de 2026 escala en California. El gobernador Gavin Newsom lanzó una advertencia directa: su administración desplegará abogados electorales en distritos estratégicos para proteger el proceso de votación en donde presuntamente aceptarán votos no ciudadanos, y actuar ante cualquier intento ilegal de retirar o confiscar boletas.
El anuncio se produce en medio de una creciente
confrontación entre las autoridades estatales de California y el Departamento
de Justicia federal por las investigaciones relacionadas con presuntas
irregularidades electorales y la participación de personas que no son
ciudadanas estadounidenses.
Newsom aseguró que California cuenta con nuevos mecanismos
legales para castigar la incautación ilegal de boletas. En septiembre firmó un
paquete legislativo que establece sanciones penales por la confiscación de
papeletas, registros electorales y tecnología de votación antes de la
certificación de los resultados.
El gobernador también anunció el despliegue de abogados
electorales y voluntarios para vigilar la actuación de los funcionarios
federales y proteger los derechos de los votantes Se considera que para quienes
sean ciudadanos o no.
Por su parte, el Departamento de Justicia sostiene que sus
investigaciones buscan atender posibles violaciones de las leyes electorales
federales, incluidas las relacionadas con el registro y la votación de personas
no elegibles.
El conflicto plantea una cuestión fundamental: ¿cómo
garantizar que se investiguen las irregularidades electorales sin interferir en
la administración de las elecciones?
La participación de personas que no tienen ciudadanía
estadounidense en elecciones federales está prohibida por la legislación
estadounidense. Sin embargo, desde la perspectiva del gobernador Newsom, la
posibilidad del voto no estadounidense debe llevarse a cabo con un procedimiento
posterior a la elección y apegado a pruebas que lo demuestren.
La integridad electoral exige dos garantías inseparables:
que ningún voto ilegal sea contabilizado y que ningún voto legítimo sea
retirado, ignorado o invalidado arbitrariamente.
En esta confrontación entre Washington y Sacramento, la
atención estará puesta en la actuación de los funcionarios federales, las
autoridades estatales y los tribunales. Lo que está en juego no es solamente
una disputa entre Trump y Newsom, sino la confianza pública en las
instituciones y en la legitimidad del proceso electoral estadounidense.