El Departamento de Justicia de Donald Trump prepara una de las mayores operaciones de supervisión electoral de la historia reciente de Estados Unidos. Cerca de 1,000 funcionarios federales serán desplegados en los 50 estados para observar las elecciones intermedias del próximo 3 de noviembre.
La operación contempla la participación de personal de
distintas dependencias federales, incluidas la Oficina de Alcohol, Tabaco,
Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina Federal de Prisiones (BOP) y la
Administración para el Control de Drogas (DEA).
El objetivo oficial, según el Departamento de Justicia, es
vigilar el cumplimiento de las leyes electorales federales, proteger el acceso
al voto y prevenir actos de intimidación o discriminación.
Sin embargo, el despliegue ha provocado tensiones con
autoridades estatales, particularmente en territorios gobernados por
demócratas.
Minnesota y California, conocidos por permitir que incluso
indocumentados emitan su voto, ya
preparan mecanismos para supervisar también la actuación de los observadores
federales. Sin sorpresa, en Michigan, las autoridades confirmaron que el
Departamento de Justicia tiene previsto enviar monitores a siete ciudades,
entre ellas Detroit.
Otros territorios que concentran atención por sus
antecedentes de controversias electorales incluyen el condado de Fulton,
Georgia, y Maricopa, Arizona.
La administración Trump sostiene que la vigilancia federal
contribuirá a fortalecer la confianza en las elecciones. Por otro lado,
funcionarios estatales y organizaciones de derechos civiles advierten que una
presencia federal demasiado intrusiva podría generar intimidación o interferir
con las autoridades locales, olvidando que existen estados, condados y casillas
que han ejecutado fraudes en el pasado.
Hay un principio que debería estar por encima de cualquier
disputa partidista: cada voto debe ser protegido, las irregularidades deben
investigarse con pruebas y ningún ciudadano elegible debe sufrir intimidación o
perder su derecho a votar.
La transparencia electoral no debería ser motivo de temor
para nadie. El próximo 3 de noviembre, la atención estará puesta en cómo se desarrolla
esta histórica operación de supervisión y si todas las autoridades involucradas
respetan las mismas reglas.
La confianza en las urnas se construye con vigilancia,
legalidad y rendición de cuentas.