Un caso de irregularidades en el registro de votantes en Lancaster, Pensilvania, puso bajo escrutinio los mecanismos de inscripción electoral en Estados Unidos. Las autoridades del condado detectaron aproximadamente 2,500 solicitudes que presentaban anomalías, entre ellas escritura aparentemente repetida, firmas cuestionadas, nombres falsos y direcciones incorrectas o difíciles de verificar.
La investigación comenzó en octubre de 2024, cuando los
trabajadores electorales detectaron dos grandes entregas de formularios
realizadas cerca del cierre del plazo de inscripción. Al revisar los
documentos, encontraron inconsistencias que llevaron a separar las solicitudes
y ponerlas bajo investigación.
La fiscal del distrito, Heather Adams, informó que algunos
ciudadanos cuyos datos aparecían correctamente en los formularios aseguraron
que nunca habían solicitado su inscripción, que no habían llenado los
documentos y que las firmas no les pertenecían.
En una revisión inicial comunicada en noviembre de 2024, las
autoridades indicaron que el 57% de las solicitudes examinadas habían sido
verificadas, el 17% se había confirmado como fraudulento y el 26% permanecía
sin verificar y bajo investigación.
El caso tuvo consecuencias judiciales. En abril de 2026,
Guillermo Sainz Gurrola, quien había coordinado actividades de registro
electoral en Pensilvania, se declaró culpable de tres cargos menores
relacionados con incentivos económicos ilegales para conseguir inscripciones.
Además, recibió una sentencia de 30 días de prisión y 11 meses de libertad
condicional. Otros seis trabajadores enfrentaban cargos pendientes, según la
información publicada por Associated Press.