Washington.— La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar una de las principales disputas legales sobre la política migratoria de la administración de Donald Trump: la facultad del gobierno federal para mantener detenidos, sin una audiencia para solicitar libertad bajo fianza, a inmigrantes que ingresaron al país sin autorización y que posteriormente enfrentan procesos de deportación.
El caso, Rhoney v. Barbosa da Cunha, surgió a partir de la
detención de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, ciudadano brasileño que
ingresó ilegalmente a Estados Unidos alrededor de 2004 o 2005 y permaneció en
el país durante años. Fue detenido por agentes migratorios en septiembre de
2025.
La administración Trump sostiene que la legislación federal
permite la detención obligatoria de estos inmigrantes mientras se resuelven sus
procedimientos de expulsión, sin que un juez de inmigración tenga que celebrar
inicialmente una audiencia para determinar si pueden quedar libres bajo fianza.
El Departamento de Seguridad Nacional adoptó esta
interpretación en 2025, modificando la práctica aplicada durante décadas para
determinados inmigrantes que ya se encontraban dentro de Estados Unidos.
El gobierno argumenta que la medida permite hacer cumplir
las leyes migratorias y cerrar lo que considera vacíos legales que habían
permitido que algunos inmigrantes permanecieran en libertad mientras sus casos
avanzaban.
La decisión de la Corte Suprema tendrá implicaciones
potencialmente amplias para miles de personas que se encuentran en
procedimientos de deportación y podría definir hasta dónde llega la autoridad
del gobierno federal para detenerlas mientras sus casos permanecen pendientes.
El caso será analizado durante el nuevo periodo de sesiones
de la Corte Suprema, que comenzó en octubre.