En respuesta a la iniciativa impulsada por Morena para
sancionar la injerencia extranjera en los procesos electorales, el Partido
Acción Nacional (PAN) presentó una propuesta de reforma constitucional que
busca ampliar las causas de nulidad de una elección e incluir la intervención indebida
de servidores públicos, entre ellos el Presidente de la República y los
gobernadores.
La iniciativa fue presentada por el diputado federal
Federico Döring, quien plantea que una elección pueda declararse nula cuando se
acredite, de manera objetiva y con elementos materiales de prueba, que el
titular del Poder Ejecutivo federal o un mandatario estatal utilizaron su cargo
para favorecer a una candidatura que finalmente obtuvo el triunfo en las urnas.
De acuerdo con la propuesta, no bastaría con la simple
existencia de señalamientos políticos o denuncias mediáticas. La intervención
tendría que ser demostrada mediante pruebas suficientes que acrediten una
participación ilegal y determinante en el proceso electoral. Una vez comprobada
esa conducta, el resultado de la elección podría quedar sin efectos y
convocarse a un nuevo proceso.
El proyecto contempla diversos supuestos que podrían
constituir una intervención indebida del poder público, entre ellos el uso de
recursos gubernamentales con fines electorales, la utilización de personal de
la administración pública para actividades proselitistas, el aprovechamiento de
programas sociales para influir en el voto ciudadano, así como declaraciones o
actos oficiales dirigidos a favorecer o perjudicar a determinados candidatos o
partidos políticos.
La propuesta surge luego de que Morena promoviera una
reforma enfocada en establecer la nulidad de elecciones cuando se compruebe la
intervención de gobiernos, organizaciones o actores extranjeros en los procesos
democráticos nacionales. Frente a ello, Acción Nacional sostiene que la
legislación también debe contemplar sanciones cuando la injerencia provenga
desde el propio poder público mexicano.
Como parte de la exposición de motivos, la iniciativa
recuerda que durante el proceso electoral federal de 2024 el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación emitió más de una veintena de sentencias y
alrededor de 50 medidas cautelares relacionadas con la participación del
entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en asuntos de carácter
electoral, resoluciones en las que el órgano jurisdiccional determinó diversas
vulneraciones a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la
contienda.
Para el PAN, estos antecedentes evidencian la necesidad de fortalecer
los mecanismos constitucionales que garanticen elecciones libres y equitativas,
independientemente de si la intervención proviene de actores nacionales o
extranjeros.
No obstante, el futuro de la propuesta enfrenta un escenario
complejo en el Congreso de la Unión. Al tratarse de una reforma constitucional,
requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los legisladores
presentes en ambas cámaras, además de la aprobación de la mayoría de los
congresos estatales. Actualmente, Morena y sus partidos aliados cuentan con la
mayoría calificada necesaria para impulsar o frenar modificaciones de este
tipo, por lo que la viabilidad de la iniciativa dependerá del consenso político
que logre alcanzar durante su discusión legislativa.